<artículo en desarrollo para ONG Derechos Digitales, se agradecen los comentarios>
( foto: weeta; vía ArsTechnica)
Actualmente, se está discutiendo en el estado de Nueva York (EE.UU.) una ley destinada a regular la venta y etiquetado de los videojuegos, además de imponer la obligación de implementar sistemas control parental en las consolas de videojuegos, como la Nintendo Wii o Playstation. En nuestro país se está intentando hacer lo mismo mediante un proyecto de ley presentado a inicios de este año. Sin embargo, ambas iniciativas parten desde un enfoque cuestionable y desactualizado.
En primer lugar, ambos proyectos (el norteamericano y el chileno) parten de la base que la violencia contenida en algunos videojuegos son capaces de alterar la conducta de los menores de edad, afectando su desarrollo y su comportamiento. El proyecto chileno, en particular, afirma en su fundamentación que “jóvenes adictos a videojuegos violentos, han cometido tiroteos y masacres entre sus propios compañeros de estudio”, en relación con los casos de tiroteos estudiantiles registrados en distintas partes del globo.
Además de lo anterior, en ambas iniciativas se estipula que los videojuegos deberán venir etiquetados con su calificación de edad, y que deberá prohibirse la venta de los mismos que estén etiquetados como “sólo para adultos” a menores de edad. En este caso, el proyecto del Estado de Nueva York intenta regular un aspecto que en la actualidad ya se regula en los Estados Unidos, vía autorregulación de los mismos fabricantes agrupados en la ESRB; mientras que en el proyecto chileno no se entrega ninguna manera efectiva de cumplir con la obligación impuesta.
Junto con este etiquetado, también en ambos proyectos se exige que las consolas cuenten con un sistema de control parental –sistema que permite a los padres regular qué juegos pueden usar sus hijos-, sin considerar que este sistema ya existe en todas las consolas de la generación actual (Nintendo Wii, PlayStation 3 y Microsoft Xbox 360), con lo que ambos proyectos no hacen sino recoger una práctica ya afianzada en la industria.
En síntesis, en el caso norteamericano no se avanza en nada con la iniciativa legal, y en el chileno derechamente se desconoce la realidad actual en materia de calificación de videojuegos, intentando imponer un sistema de calificación en vez de homologar el actualmente existente tanto en los Estados Unidos como en Europa y Japón
Como se mencionó al inicio de este artículo, ambas iniciativas parten de un enfoque cuestionable y desactualizado. Cuestionable porque responsabilizan indirectamente a los videojuegos de problemas sociales mucho más complejos, y desactualizado porque no tienen en cuenta el funcionamiento actual de la industria de los videojuegos, además de no contemplar en ninguna de sus disposiciones la irrupción de la venta y distribución de juegos online.